Se aprobó el pasado miércoles en la Legislatura Provincial de Córdoba un pedido de informe sobre el estado del parque automotor que es propiedad del Estado Provincial y el de la Policía de la Provincia. El pedido pertenece al legislador Ricardo Fonseca.
Fonseca solicita que el Poder Ejecutivo Provincial informe sobre cuál es la compañía aseguradora de los vehículos, el tipo y característica de la póliza por vehículo/transporte, el monto promedio de gasto por póliza y por vehículo/transporte, el monto total presupuestado por año en concepto de pago de pólizas de seguro para vehículos/transporte, el número al que asciende el parque automotor propiedad del Estado Provincial y de la Policía de la Provincia discriminando por tipo de vehículo, y que se detalle el área u organismo y/o responsable de verificar que todos los vehículos propiedad del Estado tengan actualizado el ITV.
Asimismo pide que se informe quién es el responsable de responder a los damnificados en caso de que un vehículo propiedad del Estado Provincial produzca un siniestro vial, y cuál es el debido procedimiento a realizar en estos casos.
Esta solicitud del legislador Fonseca se desprende luego de que se hiciera público el caso de un remisero que fuera embestido por un móvil de la CAP en avenida Circunvalación el día 22 de julio pasado. Producto del hecho, el auto remise sufrió numerosos daños que dejaron inutilizable el vehículo como transporte público, y así afectando la fuente de trabajo de una familia completa que depende del mismo.
«Este hecho quedó silenciado por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba y de la Policía Provincial, evadiendo por completo responder por los daños cometidos dada las supuestas irregularidades que habría tenido el móvil policial» El auto perteneciente a la fuerza al parecer no tenía seguro ni ITV, según trascendió.
Ante este pedido de informe de Fonseca el Ejecutivo cuenta con 7 días para informar lo solicitado. Se espera que se de una respuesta para aclarar la situación al respecto principalmente debido a que la el Gobierno de la provincia al igual que la Policía y la Caminera exigen estos requisitos y dado que promueven la seguridad vial, señalan los fundamentos del legislador.
